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En EEUU decenas de personas han denunciado conjuntamente a Monsanto: estas personas (o sus familiares fallecidos) son trabajadores agrícolas que utilizaban Roundup (herbicida de Monsanto basado en glifosato) y han padecido o padecen linfoma no-Hodgkin. Ahora acusan a la empresa de ocultar información sobre la peligrosidad de su producto.

Durante la investigación que precede al juicio está apareciendo una gran cantidad de información (como, por ejemplo, los documentos que apuntan a su problemática relación con Jess Rowland, un alto funcionario de la EPA encargado de evaluar en su día la carcinogenicidad del glifosato). Según el juez, Monsanto está intentando mantener en secreto muchos más documentos de lo que resulta razonable, y ha amenazado con sancionarles si persisten. La cuestión de los documentos confidenciales también resulta clave en la controversia en torno al glifosato en la Unión Europea.

Origen: The Huffington Post
Autor/a: Carey Gillam
Fecha: Viernes, 10 Marzo, 2017

Casi un año después de la misteriosa filtración de información favorable a la industria desde la EPA (Agencia de Protección Ambiental estadounidense) aún siguen abiertas muchas preguntas sobre la interacción que esta ha tenido con la gigante del agronegocio Monsanto Co. y cómo ha lidiado con las acusaciones que pesan sobre su principal herbicida, al que se ha relacionado con el cáncer.

La transcripción de una vista reciente revela que el juez Vince Chhabria, encargado de un pleito que agrupa a más de 55 demandas contra Monsanto en el Tribunal del Distrito Norte de California, advirtió a Monsanto de que muchos de los documentos que está entregando no se mantendrán en secreto, a pesar de las peticiones de confidencialidad por parte de la empresa. Amenazó después con imponer sanciones si Monsanto persiste en sus esfuerzos “desmedidos” por mantener documentos relevantes ocultos al público.

Las denuncias contra Monsanto han sido interpuestas por personas de todo Estados Unidos que alegan que la exposición al herbicida Roundup de Monsanto les ha provocado linfoma no-Hodgkin a ellos o sus seres queridos. El linfoma no-Hodgkin es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático y que ha aumentado en las últimas décadas. Aunque todos los pleitos están tratándose conjuntamente como un “juicio multi-distrito” en San Francisco existen cientos de demandas adicionales que se están resolviendo en múltiples tribunales estatales. El equipo de abogados que lleva el caso afirma seguir reuniéndose con posibles nuevos demandantes.

“Tengo un problema con Monsanto, porque sigue – sigue insistiendo en que se mantengan bajo sello cosas que no deberían archivarse bajo sello”, declaraba en la vista el juez Chhabria. Si los documentos son “relevantes para el caso no deberían archivarse bajo sello, aun cuando no sean – aun cuando resulten vergonzosos para Monsanto, es decir, aun cuando a Monsanto no le guste lo que dicen.”

El juez daba también luz verde esta semana – pese a las objeciones de Monsanto – a la solicitud de uno de los demandantes de solicitar documentos y llamar a declarar a un ejecutivo de Monsanto en Europa. En las próximas semanas pasarán también a declarar otros trabajadores de la empresa.

La cuestión central en la mayoría de los pleitos es la causalidad – si el Roundup provoca cáncer y si Monsanto ha encubierto o ignorado indebidamente sus riesgos. Pero el caso también amenaza con correr la cortina de secretismo que cubre la labor realizada por el gobierno a la hora de trabajar con Monsanto en la evaluación del glifosato, el ingrediente clave del Roundup. Hace años que se planteó dentro de la EPA la preocupación porque el glifosato pudiera ser carcinogénico, y varios científicos independientes han señalado estudios que arrojan datos preocupantes tanto sobre el glifosato como sobre su formulación más común, el Roundup. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificaba en 2015 al glifosato como probablemente carcinogénico para los seres humanos. Sin embargo, la EPA se ha mantenido firme en su postura de que no es probable que el glifosato sea carcinogénico.

Los abogados de los demandantes alegan ahora que están encontrando evidencias en los documentos entregados de lo que parece una confabulación entre Monsanto y al menos un funcionario de alto nivel de la EPA, aunque Monsanto lo niega vehementemente.

Monsanto lleva décadas ganando miles de millones de dólares gracias a sus herbicidas basados en glifosato, que a su vez suponen el eje fundamental de los miles de millones de dólares anuales más gracias a la venta de los cultivos modificados genéticamente para tolerar estos mismos herbicidas. En su avance hacia la fusión con Bayer AG resulta crucial defender la inocuidad del que ha sido el herbicida más utilizado del mundo.

Monsanto ha entregado hasta ahora cerca de 10 millones de documentos a los abogados de los demandantes. Entre estos documentos hay algunos que detallan la relación entre Monsanto y los funcionarios de la EPA incluido Jess Rowland, director del Comité de la EPA para la Revisión de Evaluaciones de Carcinogenicidad (CRAC). El pasado 29 de abril se filtraba al público un informe redactado por este comité al colgarse por error en la página web, según la agencia. El informe permaneció en la web tan sólo hasta el 2 de mayo, fecha en que se eliminó, pero este tiempo fue suficiente para que Monsanto lo copiara y pregonara en su web y en las redes sociales. Monsanto hacía también referencia a este informe en una vista clave que tuvo lugar en mayo durante un juicio multi-distrito.

El momento de filtración del informe resultaba favorable para Monsanto, que en aquel momento no sólo estaba tratando de ralentizar el avance del juicio multi-distrito, sino también de convencer a las autoridades europeas de que reautorizasen el glifosato en Europa, a la vez que demandaba a California para impedir que el estado añadiese al glifosato a su lista de productos químicos carcinogénicos.

Según los documentos que los abogados de los demandantes presentaron en el tribunal, los documentos presentados “sugieren claramente que el objetivo principal del Sr. Rowland era satisfacer los intereses de Monsanto.” Rowland dejó la agencia el año pasado y no ha comentado esta cuestión públicamente. No ha respondido a la solicitud de comentarios para este artículo.

Monsanto tiene un gran interés en mantener sus documentos internos, incluidos los relacionados con Rowland, fuera del escrutinio público, alegando que la información puede ser sacada de contexto y explotada injustamente para tratar de manipular la opinión pública. Según la transcripción, el abogado de Monsanto Eric Lasker se quejaba ante el juez de que los abogados de los demandantes están “tratando de que este caso se resuelva durante el litigio y en la prensa”. Añadía que “este es un caso que la gente sigue, y lo que pase en esta sala terminará en artículos y en blogs.”

Sin embargo, Chhabria afirma que considera relevantes los documentos relacionados con Rowland y con la EPA y el IARC y no archivables bajo sello, lo que significa que pronto podrían estar disponibles en los archivos judiciales.

Los abogados de los demandantes se preparan también para el testimonio de Rowland, a quien han citado a pesar de las objeciones presentadas por la EPA. Durante la vista el juez indicó que estaba a favor de permitir que testificase, aunque la EPA puede presentar una moción para evitarlo hasta el 28 de marzo.

También testificará el 15 de marzo el principal enlace de Monsanto con las autoridades, Dan Jenkins, quien durante años mantenía contacto regularmente con la EPA en relación con el glifosato. Pretenden tomar también testimonio, el 30 de marzo, a Susan Martino-Catt, directora estratégica de logística y operaciones a nivel global. El juez ha determinado también que pueden tomar testimonio y obtener documentos de Mark Martens, antiguo empleado de Monsanto en Bélgica.

El juez está presionando a ambas partes para mantener un ritmo frenético en el que expertos y pruebas se suceden constantemente. En octubre tendrá lugar una vista clave en la que ambas partes presentarán al juez a testigos expertos. Los abogados planean que el juicio comience en 2018.

La organización por los derechos de los consumidores en la que trabajo, U.S. Right to Know, denunciaba el pasado jueves a la EPA para conseguir que se publiquen documentos relacionados con la filtración del CARC y otras cuestiones, dado que sigue habiendo preguntas sin resolver respecto a la seguridad de este producto y si las evaluaciones se han llevado a cabo adecuadamente o no.

El caso que se abra a raíz de esta denuncia podría empezar a aportar respuestas muy pronto.